Banderas europeas. Fuente: Pixabay

La Comisión Europea presentó hace apenas unos días su nuevo programa RePower, una actualización en la normativa europea para cumplir con los objetivos del Fit for 55 de reducir en al menos un 55% las emisiones de gases contaminantes para 2030. Sin embargo, antes de un año desde su presentación, el Parlamento Europeo ha echado el freno a algunas de estas medidas.

La reforma del mercado de carbono

El Parlamento Europeo quiere poner en marcha un impuesto sobre las importaciones de ciertos productos procedentes de países cuyos compromisos climáticos sean menos exigentes, como China. Con esto se busca evitar que se deslocalicen las producciones más allá de las fronteras europeas donde los costes de las emisiones de CO2 son más bajos.

Para evitar que estos costes los paguen los ciudadanos, el Parlamento Europeo quiere retrasar hasta 2029 la ampliación del mercado de carbono al transporte privado y a las viviendas, por lo que la ampliación del mercado de carbono se limitaría al transporte comercial y las edificaciones públicas y empresariales. También pretende utilizar los ingresos generados por la venta de derechos en el mercado de carbono a combatir el cambio climático.

El arancel climático

Conocido como Carbon Border Adjustment Mechanism, este impuesto busca gravar la manufactura de productos realizada en países donde es más barato contaminar. Una medida que tasaría las emisiones indirectas de la electricidad utilizada en la manufactura de un gran número de productos. El Parlamento Europeo conidera insuficiente la medida y pide que se extienda a un mayor número de productos, entre ellos el aluminio, el hidrógeno. El mecanismo sería aplicable a todos los sectores incluidos dentro del mercado de carbono en 2030, aunque empezaría a implementarse a partir de 2023.

Los ingresos obtenidos irían a parar no solo a las arcas de la Unión Europea, sino a ayudas para fomentar la descarbonización de los países en desarrollo. No se cedería la competencia a los estados miembros, sino que proponen que se cree una autoridad centralizada para controlarlo.

El fondo social

La Comisión Europea propuso la creación de un fondo de 71 000 millones de euros para el período 2025-2032 con el que apoyar financieramente a las familias más vulnerables y a las pymes durante la transición energética, pero el Parlamento Europeo requiere una definición común para todo Europa de los criterios de pobreza energética y movilidad.

Algunos de los puntos que se podrían financiar con estos fondos serían:

  • Reducción de los impuestos y tasas sobre la energía u otras formas de apoyo directo a los ingresos para hacer frente al aumento de los precios del transporte por carretera y del combustible para calefacción. Esto se eliminaría gradualmente a finales de 2032.
  • Incentivos a la rehabilitación de edificios y al cambio a fuentes de energía renovables en los edificios. Una propuesta que cuadra muy bien con el programa RePower.
  • Incentivos para pasar del transporte privado al público, o al coche compartido o la bicicleta.
  • Apoyo al desarrollo de un mercado de vehículos eléctricos de segunda mano.

Fuente: finanzas.com

Banderas europeas. Fuente: Pixabay

La Comisión Europea presentó hace apenas unos días su nuevo programa RePower, una actualización en la normativa europea para cumplir con los objetivos del Fit for 55 de reducir en al menos un 55% las emisiones de gases contaminantes para 2030. Sin embargo, antes de un año desde su presentación, el Parlamento Europeo ha echado el freno a algunas de estas medidas.

La reforma del mercado de carbono

El Parlamento Europeo quiere poner en marcha un impuesto sobre las importaciones de ciertos productos procedentes de países cuyos compromisos climáticos sean menos exigentes, como China. Con esto se busca evitar que se deslocalicen las producciones más allá de las fronteras europeas donde los costes de las emisiones de CO2 son más bajos.

Para evitar que estos costes los paguen los ciudadanos, el Parlamento Europeo quiere retrasar hasta 2029 la ampliación del mercado de carbono al transporte privado y a las viviendas, por lo que la ampliación del mercado de carbono se limitaría al transporte comercial y las edificaciones públicas y empresariales. También pretende utilizar los ingresos generados por la venta de derechos en el mercado de carbono a combatir el cambio climático.

El arancel climático

Conocido como Carbon Border Adjustment Mechanism, este impuesto busca gravar la manufactura de productos realizada en países donde es más barato contaminar. Una medida que tasaría las emisiones indirectas de la electricidad utilizada en la manufactura de un gran número de productos. El Parlamento Europeo conidera insuficiente la medida y pide que se extienda a un mayor número de productos, entre ellos el aluminio, el hidrógeno. El mecanismo sería aplicable a todos los sectores incluidos dentro del mercado de carbono en 2030, aunque empezaría a implementarse a partir de 2023.

Los ingresos obtenidos irían a parar no solo a las arcas de la Unión Europea, sino a ayudas para fomentar la descarbonización de los países en desarrollo. No se cedería la competencia a los estados miembros, sino que proponen que se cree una autoridad centralizada para controlarlo.

El fondo social

La Comisión Europea propuso la creación de un fondo de 71 000 millones de euros para el período 2025-2032 con el que apoyar financieramente a las familias más vulnerables y a las pymes durante la transición energética, pero el Parlamento Europeo requiere una definición común para todo Europa de los criterios de pobreza energética y movilidad.

Algunos de los puntos que se podrían financiar con estos fondos serían:

  • Reducción de los impuestos y tasas sobre la energía u otras formas de apoyo directo a los ingresos para hacer frente al aumento de los precios del transporte por carretera y del combustible para calefacción. Esto se eliminaría gradualmente a finales de 2032.
  • Incentivos a la rehabilitación de edificios y al cambio a fuentes de energía renovables en los edificios. Una propuesta que cuadra muy bien con el programa RePower.
  • Incentivos para pasar del transporte privado al público, o al coche compartido o la bicicleta.
  • Apoyo al desarrollo de un mercado de vehículos eléctricos de segunda mano.

Fuente: finanzas.com